Debajo de estas dos imágenes (a. Marcha de los Pañuelos 10 de mayo de 2017 y b. Marcha de los Pañuelos 30 de abril de 1987) dejamos dos artículos muy interesantes sobre este proceso así como la contundente respuesta que dio la población movilizándose masivamente en repudio a este "cambio de época". El primero es del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y el segundo fue publicado en Revista Anfibia.
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| 1987 |
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| 2017 |
1.
Por Silvina Romano y Gisela Brito
En Argentina un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en vigencia la derogada Ley 24.390 (conocida como “ley del 2×1”) que regulaba los plazos de prisión preventiva beneficiando a los detenidos sin sentencia firme con la reducción del cómputo de los días en prisión a la mitad. Se trata de una ley “más benigna”, sancionada en el contexto de una crisis penitenciaria y legislada para delitos comunes, que ahora podría aplicarse a los crímenes de lesa humanidad. Ello constituye un fuerte retroceso en materia de Derechos Humanos en Argentina, un país cuyas políticas de Memoria, Verdad y Justicia sustentaron un proceso inédito de juzgamiento de los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que alcanzó un fuerte prestigio a nivel internacional.
I
Aspectos clave y consecuencias inmediatas del 2×1
El fallo de la Corte que benefició al represor Luis Muiña[1] con el 2×1 contó con el voto afirmativo de tres de los cinco miembros de tribunal. Entre los que votaron a favor están Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos jueces que en el quinto día de gobierno de Macri fueron designados irregularmente por decreto presidencial. Solo después de que la opinión pública rechazara esta medida, Macri convocó a sesiones extraordinarias del Senado donde los pliegos fueron aprobados aun con la oposición de los senadores kirchneristas. También votó a favor Elena Highton de Nolasco, quien se encuentra cercana a alcanzar el límite de edad (75 años) contemplado en la Constitución para ejercer como jueza. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Juan Carlos Maqueda, votaron en disidencia.
El fallo contradice los postulados que la propia Corte estableció previamente entre los que se incluye la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de aquellos que constituyeran graves violaciones a los derechos humanos, y va a contramano de la jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales incorporados a la legislación nacional tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Si bien se trata de un fallo no vinculante jurídicamente (los jueces de instancias inferiores pueden o no acatarlo) el pronunciamiento de la Corte sienta jurisprudencia, aparte de constituir un gesto político importante contrario a la reivindicación histórica del “Nunca Más” y la lucha de los organismos de derechos humanos.
En consonancia con este fallo, en la misma semana la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llamó a iniciar un “itinerario de reflexión” y “reconciliación” entre las víctimas y los victimarios. Ello abona el terreno simbólico que permita reponer el discurso de la “teoría de los dos demonios”, que equipara el terrorismo de Estado y el plan sistemático de represión y exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar con la insurgencia armada de parte de grupos civiles.
La ley 24.390, en la cual se ampara el fallo de la Corte Suprema, estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada. Fue sancionada en respuesta al colapso del sistema judicial por la dilación de los procesos que derivó en una crisis penitenciaria. Los juicios a los represores que ahora podrían ser beneficiados por esa ley se realizaron posteriormente a la derogación de la misma.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, el beneficio de este fallo alcanzaría al menos a 278 represores que ahora podrían obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena. Esa cifra representa el 52% de los condenados bajo arresto. Algunos de los genocidas condenados que ya han solicitado el mismo beneficio aplicado por la corte a Luis Muiña son:
Arnoldo “Chubi” López, ex agente civil de inteligencia del ejército argentino que fue condenado en 2016 por 281 homicidios calificados y 383 secuestros cometidos en el marco de su actuación como torturador en el campo de exterminio conocido como La Perla.
Jorge Luis Magnacco, obstetra que actuó en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA, condenado por el robo de bebés.
Christian Von Wernich, capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires, condenado a reclusión perpetua por ser hallado culpable de haber participado en 65 casos de secuestros y torturas y 7 homicidios calificados.
Miguel Etchecolaz, ex policía que tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención condenado a reclusión perpetua en 2006 por delitos de lesa humanidad y sospechado por la desaparición en el mismo año del testigo clave Jorge Julio López.
II
Repercusiones del fallo
El fallo suscitó un fuerte repudio generalizado en la opinión pública que alcanza a partidos de todo el arco político. Los organismos de derechos humanos convocaron a una movilización para el miércoles 10 en la histórica Plaza de Mayo en rechazo a la medida con la consigna “Señores jueces: Nunca Más”. Según una encuesta sobre el posicionamiento social tras el fallo de la Corte realizada por la empresa Analogías en la provincia de Buenos Aires, el 85,7% de los consultados se declaró en desacuerdo con la decisión, mientras que el 74% de los encuestados dijeron estar enterados del fallo, lo cual indica el nivel de estado público que ha tomado la noticia. A su vez, el 60,8% dijo tener una imagen negativa de la Corte Suprema de Justicia.
Los tres jueces que avalaron el fallo fueron denunciados penalmente por prevaricato, un delito que consiste en que una autoridad dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. La denuncia fue radicada por el abogado Marcelo Parrilli. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia al Estado argentino por “violación del derecho de las víctimas” del terrorismo de Estado. El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, instó a la Corte argentina a tener en cuenta los “estándares internacionales de derechos humanos” y a “cumplir los compromisos asumidos”, a la vez que recordó que los delitos de lesa humanidad no pueden ser tratados como delitos comunes.
Apenas conocido el pronunciamiento de la Corte, el posicionamiento del gobierno fue de respaldo al fallo. El secretario de DDHH y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, sostuvo que estaba de acuerdo con el fallo del 2×1 y pidió respetarlo. No obstante, cuando el asunto tomó estado público y comenzó a suscitar un rechazo generalizado el mismo funcionario se desdijo en consonancia con otros voceros del gobierno que lo repudiaron. Tal como sucedió con otras decisiones polémicas (como el propio nombramiento por decreto de los jueces Rosenkrantz y Rosatti o el intento de hacer movible el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el gobierno retrocedió en su posicionamiento inicial buscando “plegarse” a la opinión mayoritaria de la ciudadanía.
En consonancia con el retroceso oficial, el bloque legislativo de Cambiemos presentó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca frenar la previsible catarata de pedidos de aplicación del beneficio por parte de otros acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. El mismo reduce la aplicación del beneficio del 2×1 contemplado en la Ley 24.390 “solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante su vigencia”[2], es decir entre 1994 y 2001. No obstante, el proyecto de ley ratifica que tal beneficio de la derogada ley pueda alcanzar a condenados por delitos de lesa humanidad, desconociendo el espíritu del legislador cuando la sancionó.
Las bancadas opositoras también llevaron al Congreso proyectos de ley contra la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad y pedidos de juicio político para los tres jueces de la Corte Suprema que avalaron el fallo. En la cámara de diputados todos los bloques, incluido el oficialista, acordaron unificar los proyectos para que el cómputo de las penas establecido en la ley 24.390 no sea aplicable a los condenados por “delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”.
III
Los Derechos Humanos en la era Macri
El actual gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, ha tomado decisiones y medidas que van en detrimento de los avances realizados en la última década en materia de Derechos Humanos. No se trata solamente de una cuestión “jurídica” sino que muestra los objetivos de este proyecto de país a nivel político, cultural y de destrucción de la memoria colectiva. Algo que Macri sintetizaba en una frase: “No sé si son 9 mil o 30 mil, no tengo idea y me parece que es una discusión que no tiene sentido”.
Desde el inicio de la actual gestión del PRO, 50 condenados por cometer delitos de lesa humanidad (50 represores) fueron pasados de cárceles comunes a prisión domiciliaria. También se ampliaron los beneficios de estos criminales, al permitir que sean atendidos en hospitales militares. Todo en el marco de una merma casi absoluta en las sentencias dictadas por delitos por lesa humanidad, que pasaron de 25 sentencias anuales en 2012 y 2013, a solo 9 sentencias en 2016[3]. Se trata de medidas coherentes con las posturas de funcionarios del actual gobierno, que desde un comienzo pusieron en duda la cifra simbólica de “30 mil desaparecidos” durante la última dictadura militar en Argentina, argumentando cínicamente que “se infló la cifra para obtener subsidios”[4].
Otros de los actos más controversiales en materia de Derechos Humanos desde la llegada de Macri a la presidencia son:
El 16 de enero de 2015 queda detenida en forma irregular la diputada del Parlasur y líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
El 17 de febrero de 2016 el Consejo de Seguridad Interior aprobó el “Protocolo de Actuación de la Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, con el objetivo de “ordenar” las protestas e impedir que dificulten la libre circulación de los automovilistas y de personas. Esta restricción/anulación del derecho a la protesta se ampara en argumentos de especialistas como Carlos Rosenkrantz, quien argumenta desde la doctrina, que el “piquete se trataría de una conducta expresiva pero no de las protegidas por la libertad de expresión”[5] –Rosenkrantz fue uno de los jueces que Macri intentó incorporar por decreto-.
Desde el inicio de la actual gestión, funcionarios de gobierno mantienen reuniones institucionales con los familiares de represores y abogados del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (que, como vemos, ha redituado en importantes logros para este sector de ultra derecha).
El Estado deja de ser el querellante en causas que involucran delitos de lesa humanidad, tal como se refleja en el caso de Saiegh, donde se investigan delitos perpetrados por represores de la Policía Federal en connivencia de civiles y funcionarios del Banco Central de la República Argentina. En dicha causa, el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj firmó un escrito desistiendo de cumplir el rol de querellante.
Según denuncian organismos de derechos humanos, el gobierno nacional desde 2016 desfinancia áreas clave y programas abocados a la temática se redujo drásticamente. Por ejemplo, la propia Secretaría de DDHH redujo su presupuesto en 35%.
La reivindicación del “Nunca Más” y la gestión de juzgamiento a los delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado constituyen un núcleo fundante de la democracia argentina. La etapa democrática actual, que se inició con el histórico “juicio a las juntas” realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), tuvo una etapa de impunidad y retroceso jurídico durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y un claro impulso que elevó la defensa de los derechos humanos a política de Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). El giro dado en esta materia por el gobierno de Cambiemos no es únicamente una provocación a los avances realizados en la última década, sino que se trata de un discurso que en apariencias busca la “reconciliación social” (en oposición al conflicto que caracteriza a lo político), pero que tiene como base la profunda pugna de los grupos empresariales en el poder por despolitizar todo lo vinculado al Estado, incluida la memoria.
De este modo se (re)construye y legitima la cosmovisión neoliberal, en la que el gobierno y el Estado son gestores ahistóricos y apolíticos, desvinculados por lo tanto de las necesidades del pueblo y de su historia. El ejemplo más acabado es el desprecio de Macri por los desaparecidos, al declarar que no tenía “ni idea” de si eran 9 mil o 30 mil. Ello se inscribe en un clima de opinión que se intenta instalar que transforma a las víctimas en simples números, borrando el escenario de terrorismo de Estado (neoliberal) en el que se perpetraron las atrocidades más inhumanas e injustas de la historia del país.
Notas
[1] Luis Muiña estaba condenado por delitos de lesa humanidad por los hechos que se registraron en el Hospital Posadas en 1976. En 2011, fue condenado a 13 años de prisión por secuestro y torturas efectuadas a cinco personas.
[2] http://www.lanacion.com.ar/2021951-el-gobierno-impulsa-una-ley-para-limitar-los-alcances-del-dos-por-uno
[3] http://www.eldestapeweb.com/todos-los-retrocesos-las-politicas-derechos-humanos-que-asumio-macri-n19820
[4] http://www.eldestapeweb.com/los-diez-retrocesos-derechos-humanos-la-gestion-macri-n23259
[5] Rosenkrantz, Carlos (2003) “La pobreza, le ley y la constitución”. El Derecho como Objeto de Transformación. Buenos Aires: Editorial del Puerto, p. 10
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2.
Por Ezequiel Adamosvky / Fotografía: M.A.F.I.A.
El historiador Ezequiel Adamovsky marchó ayer contra el 2x1 y analiza el recorrido de las luchas de los organismos de derechos humanos y de los defensores de la dictadura, los modelos económicos y empresarios que la apoyaron, en los 80, los 90, el 2001 y hoy. "Mucha gente que hoy ataca al movimiento de derechos humanos lo hace creyendo que golpea así el legado kirchnerista. Pero olvidan que esa lectura del pasado no fue un invento K", dice. Y advierte que el objetivo no fue conseguir la libertad de los genocidas, sino algo mucho más importante: generar un cambio radical en el modo en que nos relacionamos con el pasado.
En Flores, el subte reventaba de gente. Las puertas cerraron con dificultad. Avanzó algo y se detuvo. Un poco más y de nuevo, ahora en medio del túnel. Para matar el tiempo el vagón entero cantó “Como a los nazis les va a pasar…”. Pero el subte se negaba a arrancar. Una señora se impacientó: “¡Hay que hacer bochinche, si no no avanza!”, gritó, y empezó a golpear la ventana. Parecía confiada en que sus golpes iban a remover el problema que hubiera, aunque no supiese cuál era. Cuando otros empezaban a imitarla la formación por fin volvió a andar, lento. Casi nadie bajó en las estaciones intermedias, colmadas de otra gente esperando en vano poder subirse.
La gigantesca marcha contra el 2×1 acaba de sumar un hito más a la conmovedora tenacidad con la que la sociedad argentina ha defendido su derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Cada marcha tiene sus emociones dominantes. La de esta fue la indignación, claro, pero también la convocó el desasosiego, la sensación de estar una vez más a la intemperie frente a instituciones que nos agreden hasta las entrañas. Una foto, difundida en las redes sociales, sintetiza ese estado de ánimo y a la vez nos conecta con aquello que sentimos en riesgo. Es de 1978 y está tomada desde lo alto de la Casa Rosada. La cámara enfoca una Plaza de Mayo vacía. Llueve y es de noche. Casi al margen se alcanza a ver un puñadito de madres con sus pañuelos y algunos carteles. Solas de toda soledad.
En ese frágil pilar nos apoyamos como sociedad para tratar de construir algo parecido a una democracia. Desde hace cuarenta años nos aferramos a él. Preferimos su fragilidad antes que la aparente solidez de las leyes, las instituciones, los partidos, el Estado. Porque sabemos, por haberlo comprobado tantas veces, que en última instancia no podemos contar con nada de eso: que las leyes se quiebran o reinterpretan a gusto, que las instituciones responden sólo a veces, que los partidos van para donde manda el viento. En fin, que lo único sólido que tenemos somos nosotros, nuestra fragilidad e intemperie, nuestros cuerpos amuchados mirando una Casa Rosada que no hay manera de sentir propia. Eso fue la marcha. Una vez más. Sólo que esta vez, en el momento más emotivo del acto, fueron cientos de miles de pañuelos los que acompañaron al puñadito de ancianas que miraban desde un extremo de la Plaza. Y el desasosiego se disipó.
El “cambio cultural”
El 2×1 de hoy se suma a la larga lista de agravios a la memoria y al movimiento de Derechos Humanos que viene lanzando el macrismo. Pero es la primera medida que significa una reversión en la política de Estado respecto del castigo de los delitos de lesa humanidad. Es un punto bisagra y es la certeza de ese peligro lo que convocó a la multitud.
Hay una relación estrecha entre esos ataques y el “cambio cultural” que busca el PRO. A esta altura está claro que el macrismo no se siente a gusto con la manera litigiosa en que nuestra sociedad recuerda su pasado. Para entender por qué hay que quitarse las anteojeras embrutecedoras de “la grieta” y mirar un poco más atrás, hasta el 2001.
La memoria del pasado reciente fue uno de los pilares de sustento ideológico del kirchnerismo. Néstor Kirchner construyó su legitimidad apoyándose en el movimiento de derechos humanos y planteando una reivindicación de la “juventud maravillosa” que luchó por un mundo mejor en los años setenta. Las organizaciones de derechos humanos respondieron entusiastas y fueron un apoyo sólido hasta el final. En las políticas de la memoria del kirchnerismo, el terrorismo de Estado no había sido obra de militares paranoicos, sino el arma principal para imponer un proyecto de país acorde a las necesidades de los grandes empresarios locales y del sistema financiero internacional. Quedaba claro, desde esta mirada, que la dictadura no era un hecho encapsulado en 1976-1983, sino la expresión más violenta del predominio de grupos económicos que siguieron siendo actores centrales de la política nacional en años posteriores (y que seguían agazapados en la actualidad).
Mucha gente que hoy ataca al movimiento de derechos humanos lo hace creyendo que golpea así el legado kirchnerista. Pero olvidan que esa lectura del pasado no fue un invento K. Por el contrario, estaba ya bien instalada antes de que Néstor Kirchner fuese una figura conocida. Su origen estuvo en los incansables esfuerzos del movimiento de derechos humanos y de la izquierda durante los años ochenta y noventa. Mientras que Alfonsín pretendió limitar la revisión del pasado con el corset de la “teoría de los dos demonios” y las leyes de impunidad y Menem olvidarlo del todo con una reconciliación forzada y la amnistía, el movimiento de derechos humanos y la izquierda siguieron insistiendo siempre con el tema de las complicidades civiles de la dictadura. También, sobre la necesidad de visibilizar que los desaparecidos no eran meras víctimas pasivas, sino que habían padecido como castigo por una militancia política determinada.
Hacia finales de los años noventa, a medida que avanzaba la crisis económica, la sociedad argentina volvió a lanzar preguntas angustiosas hacia su pasado. Mientras naufragaba la fantasía de ser un “país del Primer Mundo”, nuevamente se apeló a la historia para comprender las raíces de la situación presente. Así, se fue instalando la sospecha de que las injusticias del momento tenían una conexión íntima con las de las de los años setenta. Las evidencias aparecían con una claridad meridiana: los banqueros locales, los grupos exportadores, los grandes empresarios y el FMI, principales intereses sociales detrás de las políticas que condujeron a la explosión del 2001, eran los mismos que habían patrocinado la dictadura en 1976. En ambos contextos se habían enriquecido al instalar un modelo económico antipopular. De allí que se volviera inevitable trazar también la conexión entre la militancia de los años setenta que lo resistió, y la que lo resistía en el momento actual. La agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), que comenzó a organizarse a fines de 1994, fue la expresión más evidente de ese puente tendido hacia el pasado y un foco central de la reivindicación de la militancia setentista. Así, lo que hasta mediados de los años noventa había sido un discurso con poca circulación fuera de la izquierda, se fue abriendo camino masivamente, para volverse sentido común en 2001 y discurso de Estado con la llegada de Kirchner al poder.
Evidentemente, esa memoria sobre el pasado reciente resulta inconveniente para el proyecto del macrismo. En primer lugar, porque construye una imagen muy negativa sobre los actores sociales y sobre el tipo de políticas en los que el PRO necesita apoyarse y cuyos intereses viene a promover. En segundo lugar, porque invita a imaginar una Argentina en la que había sido la militancia –y no los políticos, ni el Estado, ni mucho menos el mercado– la depositaria de la promesa de un futuro mejor. Y sólo en último lugar, porque otorga legitimidad al kirchnerismo como abanderado de los derechos humanos y como supuesto puente con la “generación perdida” de los años setenta.
Y no es sólo una cuestión simbólica: la memoria así construida y preservada abrió una dinámica de examen del pasado que condujo no sólo a la reapertura de los procesos a los militares, sino también al comienzo de los juicios sobre las responsabilidades empresariales que, justamente en 2016, llevó a la primera condena. La red de complicidades de la gente de negocios con la dictadura fue tal, que la perspectiva de nuevos juicios abre un panorama impredecible. Por dar un solo ejemplo, la propia familia del primer ministro de hacienda de Macri, Alfonso Prat Gay, está siendo investigada. Por todo ello, para el macrismo se volvió fundamental deshacer ese modo de conectar presente y pasado, “dar vuelta la página” o, en otras palabras, producir un “cambio cultural” también en ese frente.
Disparen contra el movimiento de derechos humanos
Siguiendo la estrategia Durán Barba –nunca decir lo que se piensa hacer, nunca confrontar– el ataque a la memoria quedó hasta ahora más bien a cargo de figuras secundarias de Cambiemos y de sus intelectuales y periodistas afines. Son ellos los que se vienen ocupando del trabajo sucio de intervenir sobre la memoria colectiva y de destruir la legitimidad de la lucha por los derechos humanos. Lo han hecho tratando de ligar a los organismos con la corrupción del kirchnerismo e instalando la idea falsa de que los juicios por delitos de lesa humanidad se vienen llevando a cabo sin respetar las garantías y derechos básicos de los acusados y en procesos cuyo final se conoce de antemano. En meses pasados hemos visto también a periodistas e intelectuales reflotar el pedido de “memoria completa”, hasta hace poco impulsado solo por grupúsculos de ultraderecha. Se reeditaron asimismo viejos
argumentos que buscan poner en pie de igualdad el terrorismo de Estado y los hechos de violencia que protagonizaron las organizaciones armadas en los años setenta.
En los días inmediatamente anteriores al 2×1 la campaña se redobló. La Iglesia católica llamó una vez más a la “reconciliación”, mientras que algunos intelectuales exigieron en los medios que olvidemos la fecha del 24 de marzo y la reemplacemos por alguna otra anterior o posterior.
Operación despegar y control de daños
La reacción social contra el 2X1 fue enorme, incluso antes de la marcha. Llovieron declaraciones de repudio, locales e internacionales. Elencos de teatro a sus espectadores, docentes a sus alumnos, padres a sus hijos, hinchadas y equipos de fútbol a las cámaras: por todas partes los habitantes de este país salimos a interpelarnos unos a otros. El clamor desde abajo forzó a postergar las tradicionales rencillas entre organizaciones para lograr una marcha unificada en lugar de dos, como se anunció al principio.
Previendo las consecuencias electorales, todos los partidos buscaron reposicionarse. Incluso el gobierno simuló no haber tenido nada que ver con la decisión de la Corte (apoyada inmediatamente por Claudio Avruj, Secretario de DDHH de la Nación, y dos días después desconocida por él y por otros funcionarios, con Macri a última hora y de mala gana). El Congreso corrió a votar una ley de dudosa aplicabilidad que impide que el fallo beneficie a genocidas. Todos la apoyaron. Incluso el PRO, cuya bancada se había fotografiado el 24 de marzo pasado con carteles que enlodaban al movimiento de derechos humanos y que pocos días antes había bloqueado el repudio al 2×1 en la legislatura porteña. Hasta la propia Corte pretendió respirar aliviada por contar con esa nueva norma del Congreso, con la cual –según deslizaron a los diarios– nunca se habrían visto obligada a fallar de esa manera. La prensa colaboró con los intentos de control de daños difundiendo la información de que la Corte ya se había pronunciado a favor del 2X1 en 2013 sin que nadie se alarmara, algo completamente falso. Juristas ofrecieron complicados argumentos abogadiles para tratar de explicar que la decisión de la Corte, aunque opinable, tenía nobles intenciones y que en realidad no estaba actuando en sintonía con el Ejecutivo.
Futuros y certezas
El fallo del 2×1 fue un globo de ensayo para cambiar la política de Estado respecto del castigo a los crímenes de la última dictadura. Fue un ejemplo más del estilo “Si pasa, pasa” que ya ha mostrado el gobierno en otras ocasiones. Por ahora parece que no pasó. Pero conviene no perder de vista que el punto principal para ellos no es conseguir la libertad de los genocidas, sino algo mucho más importante: producir un cambio radical en el modo en que nos relacionamos con el pasado. Sea cual fuere el futuro del 2×1, el macrismo seguramente persistirá en sus políticas de la memoria. Formalmente seguirá sosteniendo una visión condenatoria sobre la dictadura, aunque de manera “fría”. Su estrategia es la de la ritualización, despolitización y banalización de la memoria, antes que la de una reversión completa de sus contenidos. O dicho de otro modo, la de sostener una condena genérica a “la violencia” (así en singular, mezclando la represiva con la de las organizaciones políticas como si fuesen de igual naturaleza), pero lavada de contenidos específicos, especialmente de aquellos que apuntan a la relación que existe entre el terrorismo de Estado y los proyectos e intereses económicos que lo alentaron. La apuesta del PRO es, más que la de un ataque frontal, la de desacreditar a los organismos de derechos humanos y al conjunto de la militancia de los años setenta. Ponerlos en cuestión, ensuciarlos, hasta que pierdan el sitial de honor que tienen como pilares de la memoria colectiva. Borrar de nuestra retina esa foto conmovedora de mujeres solitarias, paradas bajo la lluvia, preguntando cómo puede ser que las injusticias más tremendas y la muerte nos vengan de las “fuerzas vivas” y de las propias instituciones del Estado.
La marcha de ayer nos recuerda que lo poquito que tenemos de justicia en este país lo debemos menos al trabajo solemne de los togados en sus tribunales que a los cuerpos vociferantes que se juntan en las calles para decir No.
No se equivocaba la señora del subte: acá avanzamos a fuerza de bochinche.
(Este texto retoma partes del libro El cambio y la impostura: la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO, de próxima aparición)
